La consideración del tema data desde 1962; no obstante fue hasta 1985 cuando la Asamblea de las Naciones Unidas promueve la celebración del Día Internacional de los Derechos del Consumidor.

Se hace un llamado a promover y garantizar los derechos de las personas consumidoras en diferentes contextos donde la producción, el mercado y la obtención de bienes y servicios por diferentes medios se base en principios éticos, la información veraz y oportuna, el respeto, el equilibrio, el interés público, la seguridad, la protección y la salud pública. Lo anterior en la búsqueda de modelos de economías más solidarias y sostenibles, un tema contemplado en la Agenda 2030.

En materia de alimentación y nutrición, resultan preocupantes ciertas tendencias en el mercado capitalista y prácticas nocivas que atentan contra la salud, seguridad y bienestar de las personas, entre ellas recurrir a la omisión de datos o desinformación a los consumidores, el uso de publicidad engañosa, el control abusivo deprecios de alimentos básicos con fines de lucro, lo que los hace inaccesibles para personas de bajos recursos. También preocupa el contrabando y comercio ilícito de productos alimentarios de dudosa procedencia, la compra bajo presión o condicionamientos, así como la generación de falsas expectativas o percepciones distorsionadas con fines comerciales para promover más ventas, pero sin ningún beneficio o perjuicios para quien adquiere los bienes y servicios buscando mejorar su calidad de vida.

De igual forma, preocupa la exposición de las personas, principalmente menores de edad, a situaciones donde se les estimula a ser consumidores de productos que, es bien sabido, no son inocuos para su salud debido a su pobre calidad nutricional, condenandolos a la adopción de hábitos perjudiciales y a una pobre salud a futuro.

Las personas tienen derecho a la información, misma que debe ser oportuna, completa, verídica y suficiente para tomar las mejores decisiones. Es altamente relevante que los individuos conozcan sus derechos como consumidores, también sus deberes, y puedan elegir las mejores opciones según sus posibilidades económicas y cultura alimentaria, y para ello es necesario que el Estado y las comunidades fortalezcan las acciones en materia de políticas públicas, educación nutricional, y se favorezca la organización y participación ciudadana.